“ERITREA ES LA CÁRCEL MÁS GRANDE DEL MUNDO”

Así definió este país un periodista eritreo refugiado en Kenia, en un artículo aparecido en “20 minutos”. Añadió que “todo el mundo tiene miedo de todo el mundo. Todo el país vive como un esclavo. Ni siquiera los que tienen empleo ganan suficiente dinero para alimentar o educar a sus hijos” pues, desde la guerra con Etiopía, vive en un permanente “estado de excepción” sin derechos básicos ni elecciones.

Menos del 50% se escolarizará. Nadie irá a la universidad, pues la única que había –estaba en la capital Asmara- fue cerrada hace una década tras unas protestas estudiantiles.

Según Human Rights Watch, el historial de derechos humanos del gobierno de Eritrea está considerado entre los peores del mundo. Las cárceles están atestadas. El servicio militar obligatorio requiere largos e indefinidos períodos de reclutamiento. Aunque teóricamente son 18 meses, en la práctica pueden servir de forma indefinida o durante muchos años: se les recluta hasta con 15 años y pueden servir hasta los 50, siendo obligatorio para hombres y mujeres, indicaba la BBC.

Dado que todos los medios de comunicación locales son de propiedad estatal, a Eritrea también se le clasificó como poseedora de la menor libertad de prensa en el índice mundial de libertad de prensa. Según Amnistía Internacional, la represión de las libertades ha encarcelado a 10.000 eritreos. La ONG internacional de origen francés Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otros medios de comunicación recogen la frase expresada por el presidente Aferwerki:

“Aquellos que piensan que habrá democracia en este país, pueden pensarlo en otro mundo.” ERITREA ES LA CÁRCEL MÁS GRANDE DEL MUNDO

Esto provoca que, según la ONU –en un artículo de la BBC-, unos 3.000 eritreos traten de huir del país cada mes por miedo a morir de hambre, a ser encarcelados o torturados. En la última década unas 305.000 personas han buscado asilo, lo que supone el 5% de la población. Pero, al intentar cruzar la frontera se encuentran con otro problema: se les disparará si no han pagado los 6.000 dólares que cuesta el documento firmado por el presidente que les otorga la libertad.

EL OBSERVADOR